La corrupción sigue siendo valorada por la opinión pública española como uno de los principales problemas del país y sus efectos resultan devastadores para el regular funcionamiento de las instituciones públicas, la legitimación del sistema político y los valores cívicos que ofrecen su sustento. Los dos últimos Eurobarómetros de 2022, uno dirigido a empresas (Flash Eurobarometer 507) y otro general (Special Eurobarometer 523) indican que España es el sexto país de la UE con la mayor percepción de corrupción, detrás de Grecia, Croacia, Chipre, Hungría y Portugal. El 89% de los encuestados afirman que la corrupción es alta o muy alta; y casi 9 de cada 10 empresas españolas piensan que la corrupción está muy extendida. Esta percepción no se corresponde con los datos de victimización, que apenas llegan al 2% de los encuestados, pero demuestran un estado de opinión que es necesario analizar y al que hay que darle respuesta con mejoras institucionales y comunicativas.

El compromiso y la participación de la academia son un activo de la mayor importancia para entender y combatir el fenómeno de la corrupción. En ese sentido, proponemos la continuación de una Red en Cultura de la Legalidad y Lucha contra la Corrupción (Red CLLC) que acumula una experiencia de siete años y ha asumido la responsabilidad de propiciar una reflexión profunda sobre la temática. Entre sus objetivos, las redes CLLC han conducido propuestas de regeneración democrática y superación de déficits de funcionamiento institucional, lo que incluye múltiples dimensiones jurídicas, políticas y organizativas, pero también valorativas, psicosociales, y de tradiciones, hábitos colectivos, etc. que se identifican con el proyecto y movimiento de la Cultura de la Legalidad. A su vez, se han proyectado sobre objetivos relativos a la consolidación del estado de Derecho, el gobierno honesto o el buen gobierno; a valores como la integridad, la responsabilidad y la transparencia; a la proyección de estos valores en los contextos del incremento de la utilización de la inteligencia artificial; los impactos de la presencia de algoritmos y nudges en el funcionamiento de la administración pública; a tareas de promoción de la compliance y de la ética en las funciones del gobierno y la mejora de la gestión pública; o a la profundización de las razones históricas y culturales que explican las disfunciones de las instituciones jurídicas y políticas en esta materia.

Estimamos que ahora, en la coyuntura de la gestión de los fondos Next Generation y los requerimientos europeos para controlar el fraude y la corrupción, así como en plena ejecución del IV Plan de Gobierno Abierto, se abre una oportunidad idónea para reforzar una Red que siga consolidando las sinergias hacia un horizonte maduro en la conceptualización, previsión, prevención y gestión de la lucha contra la corrupción en un contexto general de desarrollo de una cultura de la legalidad.